Garré dice que no tiene pruebas sobre la corrupción policial

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó bajar la tensión política que se generó tras su afirmación sobre la corrupción policial. Cuatro días después de haber asegurado, entre otros conceptos, durante un encuentro con militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, que en las comisarías se "recauda" ilegalmente, la funcionaria sostuvo ayer: "No tengo pruebas para presentar denuncias penales. Hablé en función de lo que me cuentan los vecinos".

El abogado Ricardo Monner Sans había presentado una denuncia contra la funcionaria por presunto encubrimiento por no haberse presentado en un juzgado con las pruebas que llevaron a su pronunciamiento público.

Garré había advertido el jueves pasado: "Cuando se dice «esa comisaría recauda bien», quiere decir que extorsiona bien a los comerciantes a los que se les pide dinero a cambio de protección, y a los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla, y a los vendedores ambulantes para no molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda". Esa opinión fue lanzada en un acto público con militantes oficialistas.

Ese pensamiento despertó polémica dentro del gobierno nacional, porque terminaron salpicados con las sospechas lanzadas por la funcionaria fundamentalmente los ministros Aníbal Fernández y Julio Alak, ex jefes políticos de la presunta policía corrupta.

Consultada por la prensa, Garré explicó ayer: "No las tengo [las pruebas] con detalles suficientes para hacer denuncias penales; las haría si las tuviera, pero muestran una sensación que tienen los vecinos, que hay que modificar".

La funcionaria hizo esas declaraciones durante el acto de extracción del último buque que estaba hundido en el Riachuelo.

En declaraciones a Radio La Red, la ministra aclaró que "una de las necesidades de la seguridad es que los vecinos confíen en la policía".

Igualmente, Garré afirmó que "la mayoría [de los policías] cumple honestamente una tarea muy compleja" y que "no hay derecho a que unos malos ensucien la tarea de los buenos".

Sobre las remociones realizadas en la cúpula de la Federal desde su llegada al Ministerio de Seguridad, en diciembre pasado, explicó: "Consideramos que la renovación es buena, ya que, si los policías permanecen en sus cargos largo tiempo, se pueden generar redes que no son convenientes para la transparencia".

Polémica "terminada"
Por otra parte, la ministra dio por "terminada" la polémica con el gobierno de la ciudad por el retiro de los servicios adicionales que la Policía Federal hacía en objetivos porteños. Garré ya había indicado que esa decisión no tendría marcha atrás, aunque los funcionarios de la administración porteña insisten en la necesidad de que esa medida sea revertida.

En ese sentido, se refirió al anuncio del gobierno porteño de colocar guardias de seguridad privados en los puestos antes ocupados por policías federales en hospitales.

"Son decisiones del ingeniero Macri, en las que yo no debo opinar, porque es un tema de su gestión en la ciudad de Buenos Aires, pero la Policía Metropolitana debería estar también, ya que creo que está en condiciones. Se necesitarían 300 efectivos para cubrir todos los hospitales y centros de salud. Espero que cuanto antes se restablezca la actividad en los hospitales", aseveró la ministra.

Las palabras de Garré fueron contestadas por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Es otra irresponsabilidad de Garré decir que éste es un tema terminado, cuando tenemos la mitad de los centros de salud de la ciudad cerrados, sin que puedan ser atendidos los chicos, por su decisión de sacar la policía", afirmó en diálogo con DyN.

RATIFICAN LA DENUNCIA CONTRA LA MINISTRA
El gobierno porteño ratificó ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide la denuncia que había presentado contra la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, por haber retirado la custodia de la Policía Federal de los edificios públicos porteños. En esa denuncia, el procurador de la ciudad, Ramiro Monner Sans, reclamó que Garré y el jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila, sean indagados por haber violado la ley.

El expediente pasó ahora a manos del fiscal federal Jorge Di Lello, quien estudia si decide impulsar o no la acción penal.

Fuente: Diario La Naciòn