El Gobierno amplía su influencia en 32 empresas líderes de la Argentina

Por un decreto de necesidad y urgencia firmado por Cristina Kirchner, decidió eliminar el tope que había para nombrar directores en empresas que tengan acciones en manos de la Anses. Así, el gobierno nacional "refuerza el control público" en sectores clave de la economía, como bancos, energía, alimentos, servicios públicos y hasta medios. Participe de la encuesta de Infobae.com

El gobierno nacional oficializó hoy el decreto de necesidad y urgencia que dispone el aumento de su participación en los directorios de 43 empresas privadas en total, ya que tenía injerencia en otras 11 compañías, en las que tiene acciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Lo dispuso medicante la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 24.241 que limitaba a 5% su derecho como socio, restricción que alcanzaba a las estatizadas AFJP.

De esta forma, por el DNU N°441, la Anses podrá colocar tantos representantes en las compañías según lo permita la proporción de su tenencia accionaria, algo que no estaba autorizado a las AFJP y permanecía vigente luego de la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones.

En sus considerandos, la norma –suscripta por la presidente Cristina Kirchner y todos sus ministros– destaca que este paso se sustenta en la defensa de "las rentas provenientes de las inversiones que realice" el organismo.

La decisión, que materializa el objetivo de reforzar el "control público" de sectores clave de la economía, generó sorpresa y algunas críticas en el ámbito empresario.

La cartera de acciones del Gobierno incluye bancos, empresas de energía (petroleras, gasíferas, eléctricas), compañías de alimentos, indumentaria y transporte (ver puntos importantes).

Asimismo, se remarcó que se modificó la ley "para hacer valer" la tenencia de la Anses "en igualdad de condiciones con el resto de los inversores; con el objeto de garantizar el conocimiento pleno del accionar de las sociedades en las cuales participa, resguardando los intereses y la preservación de los activos del fondo de afectación específica".

"Los recursos enunciados precedentemente deben ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo, entre otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia", se agregó.

El decreto advierte que "para la administración de dichos recursos, han de contemplarse los impactos de las decisiones de inversión de la macroeconomía, especialmente en la creación de empleo, previendo las medidas relacionadas con la diversificación de riesgos y adecuación temporal de las inversiones que aseguren el
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad".

Las reacciones

La decisión del gobierno nacional generó diversas reacciones, ya que si bien el ministro de Economía, Amado Boudou, defendió la medida y pidió a los empresarios que "no tengan prejuicios", desde el sector privado sonaron varias alarmas.

Esta mañana, en entrevistas con el periodista Marcelo Longobardi, en el programa Cada Mañana de Radio 10, el economista Daniel Artana manifestó su preocupación por el avance del Estado sobre las empresas y aseguró que "si fuera este un país normal, con un gobierno normal, uno diría que es lo que pasaría si fuesen accionistas privados, pero acá lo que se sospecha es de las segundas intenciones".

"Lo que me parece más grave es lo que se sospecha que puede venir después de esto y no este hecho en sí", sostuvo Artana y advirtió sobre "algunas declaraciones poco felices de quienes van a ser directores de estas empresas", quienes ya hablan de preparar "el camino para expropiar las empresas".

Por su parte, Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews, advirtió que la decisión del Gobierno "va a preocupar mucho, en el sentido que son directores que van entorpecer la tarea, no van a ayudar que la compañía funcione mejor, ni directores independientes como tienen muchas empresas.

"Esto va a provocar una baja del valor de mercado de las compañías, porque lo que se teme es que las compañías dejen de manejarse con el criterio de ganar plata y de invertir, y empiecen a funcionar como empresas públicas, en el que las decisiones se toman con criterios políticos y no comerciales", consideró.

"Es otra señal preocupante de las que estamos viendo. La gente tiene que empezar a ver qué país queremos. No creo que esto sea Venezuela, pero así empezaron", finalizó.

Ante esas reacciones, Amado Boudou trató de llevar calma: "No hay que tener prejuicios. Es cierto que en su momento se dijeron un montón de cosas y no ocurrió nada de eso".

"Con las empresas en las que tenemos directores también hemos trabajado muy bien. El interés de la Anses es que a las compañías le vaya lo mejor posible, porque así le irá mejor al accionista, que son los trabajadores y jubilados", aclaró Boudou.

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