Siderar: un fiscal pidió que se investigue al directorio por la polémica con la Anses

El fiscal federal Guillermo Marijuan elevó una solicitud para que se determine si los integrantes de la empresa del Grupo Techint tomaron decisiones que perjudicaron los intereses del Estado. Aún está pendiente la resolución sobre la asamblea del 15 de abril

Un fiscal federal pidió hoy que la empresa Siderar sea investigada por presuntas medidas que habrían perjudicado a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).

El fiscal Guillermo Marijuan formuló el pedido al juez federal Ariel Lijo, basado sobre información de una asamblea de accionistas que aprobó la distribución de dividendos por más de 1.500 millones de pesos para el ejercicio 2010, pero omitió explicar el destino de las utilidades de períodos anteriores.

La distribución de dividendos de 2010, que fue votada en contra por el representante de la ANSeS, trepó a 1.511.489.154 pesos.

Siderar encabeza la resistencia del empresariado privado al decreto de necesidad y urgencia 441, según el cual el Estado debe contar con una representación en el directorio de las empresas de las cuales es accionista equivalente al porcentaje de acciones que posee.

Ese decreto modificó una norma anterior que fijaba el techo de la participación estatal en las empresas –derivada de la reestatización de las ex AFJP- en un cinco por ciento.

Marijuán, el fiscal que está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), precisó en su planteo al juez Lijo que el Estado debió contar con tres directores en Siderar, lo que le hubiera posibilitado "un mayor y mejor control sobre las decisiones a adoptarse y que puedan vulnerar futuros beneficios económicos".

Así, aludió a 6.455.418.354 pesos asignados a la cuenta "Reservas de futuros dividendos", 43.947.494 pesos a "Reserva facultativa" y 691.186.690 pesos a "Resultados diferidos", sobre los cuales el Estado pidió informes que no le fueron suministrados.

"Lo actuado por la parte mayoritaria constituye un claro abuso del derecho por no consultar con criterios de razonabilidad y buena administración, sino esconder una maniobra destinada a oprimir a las minorías", embistió Marijuán.

El artículo 300 del Código Penal, en el capítulo de "fraudes al comercio y a la industria", establece penas de entre seis meses a dos años de prisión a quien "ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas" y al directivo que "informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo".
fuente:infobae