Covelia ya había sido investigada por lavado de dinero y evasión

Las finanzas de Covelia y su presidente, Ricardo Rubén Depresbiteris, no fueron investigadas por primera vez en la Justicia suiza que en enero le bloqueó una cuenta con US$ 1,8 millones. Mucho antes, los directivos de la recolectora de residuos predilecta del titular de la CGT, Hugo Moyano, tuvieron dos causas judiciales abiertas en Argentina por lavado de dinero y evasión impositiva agravada.

El primer caso forma parte, desde hace dos semanas, de una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien tiene una denuncia surgida del exhorto suizo que solicitó información judicial sobre Covelia, sus titulares y los Moyano. En ese expediente, Lijo había pedido a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le remitiera todos los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre la empresa de basura, Depresbiteris y Marcela Mete. Ese rastrillaje dio positivo.

La UIF informó sobre un ROS emitido por la AFIP el 21 de septiembre de 2007. Luego, el organismo antilavado derivó el caso al fiscal especial Raul Pleé, quien hizo una denuncia en un juzgado de instrucción.
Clarín accedió a ese expediente, donde consta que la razón que generó un alerta de la AFIP fue una joven empresa sin antecedentes llamada Garlik. En una entrevista con este diario en enero, Depresbiteris la reconoció como propia. Entonces dijo entonces: “La otra sociedad que soy presidente es Garlik, que la compré en el mismo momento que Covelia y tiene propiedades y campos”.

En realidad, la primera presidente de Covelia fue la jubilada Nelly Rosa Lettieri, la madre de Depresbiteris, quien hizo un aporte por $100.000 a Covelia que no se capitalizó con el paso de los años. Lo que encontró la DGI fue que Lettieri “no tenía capacidad contributiva compatible con su inversión” aunque figuraba como socia de Garlik junto a Regina Depresbiteris, su hija y esposa del entonces presidente de Covelia, Marcelo González. Este presidió Covelia hasta 2008, cuando debió renunciar porque su hijo se tiroteó con la policía. En ese momento, Depresbiteris, que figuraba como director de la empresa y ganaba 6.750 pesos, lo reemplazó. Por todo esto, la AFIP entendió que Lettieri podría ser una prestanombre en una posible maniobra de lavado. Sin embargo, el fiscal Juan Necol consideró que la madre de Depresbiteris pudo haber ahorrado esos 100 mil pesos en su vida y pidió su sobreseimiento. Ante esa evaluación del fiscal, la jueza María Fontbona de Pombo no tuvo otro remedio que sobreseerla. Nada se dijo sobre otros aportes de capital a Garlik de $ 350.000 que hizo la esposa del actual presidente de Covelia, Marcela Mete.

Por otra parte, en 2005 se abrió otra investigación donde la AFIP también fue el origen de la denuncia y Covelia la destinaria. La empresa de basura creada en 2001 fue denunciada de evadir el pago de impuesto a las ganancias y el IVA. La recolectora tuvo un crecimiento meteórico gracias a los 13 contratos de recolección en municipios del conurbano conseguidos con la invalorable ayuda del lobby de Moyano.
Lejos de estos problemas judiciales, el miércoles, Depresbiteris y el titular de la CGT inauguraron una planta de la firma. Entonces, el sindicalista la ponderó como la primera empresa que repartirá ganancias con sus empleados.

Al momento de la denuncia de la AFIP en 2005, ese beneficio para los trabajadores hubiera sido impracticable. La jueza en lo Penal Tributario María Verónica Straccia y el fiscal Claudio Navas Rial entendieron que Covelia podría haber cometido evasión agravada no sólo porque el monto adeudado (superaba el millón de pesos) sino también porque habían hecho maniobras de diferimiento impositivo con beneficios fiscales derivados de regímenes de promoción. O sea, el Estado les recortó impuestos pero ellos no cumplieron su contraparte.

La causa avanzó pero terminó cerrada por sobreseimiento en marzo de 2011. ¿Las razones? La cuestionada ley de moratoria y blanqueo impulsada por el kirchnerismo a fines de 2008 permitió que aún en casos de evasión agravada, las empresas que se acogieran a esa ley podrían pedir el fin de la acción penal. Eso fue lo que hizo Covelia y logró la validación del fiscal y de la AFIP, que actuaba como querellante. En su resolución, la jueza consideró que “no corresponde suspender el trámite en los casos que haya algún beneficio fiscal” pero dijo que no podía continuar la investigación sin el impulso del fiscal. Desde entonces, el caso está terminado.

Fuente Diario Clarin